Militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) avasallan tierras en la reserva forestal Bajo Paraguá. El hecho fue denunciado este viernes por el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Administradora de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), para que paren los desmontes y la destrucción de la flora y fauna de la zona.
El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, sostuvo que no está de brazos cruzados, lleva un mes en el cargo y han visitado el área invadida y comprobado que continúan los asentamientos humanos en el área protegida Bajo Paraguá.
“Quiero decirles que asumo el compromiso como alcalde en la defensa del medioambiente y estamos en contra de los avasallamientos y por eso invito al país a que nos unamos para defender de verdad las áreas protegidas de los avasallamientos y la legalidad de la tierra que se le ha dado hace muchos años a mucha gente”, señaló Dorado.
En la asamblea de la institucionalidad de San Ignacio de Velasco, que se realizó la última semana de mayo, se aprobó un voto resolutivo en el que los ignacianos exigen al Comité pro Santa Cruz que convoque a la Asamblea de la Cruceñidad para defender las tierras de los municipios chiquitanos y de otras regiones del departamento.
Las tierras de Bajo Paraguá están siendo avasalladas por campesinos, indígenas e interculturales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), según el diario El Deber.
Asimismo, comunarios del lugar pidieron al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la formación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para detener la dotación de tierras en la zona chiquitana en favor de los afines al MAS.
El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, informó que el director del INRA confirmó que el 5 de junio estará presente en el municipio y dependiendo de los resultados de esa reunión, el bloque chiquitano tomará las medidas que correspondan.
La asamblea de la ignacianidad en un voto resolutivo también autorizó al alcalde, Ruddy Dorado para que inicie los procesos necesarios y desaloje a quienes han avasallado los terrenos del aeropuerto local Juan Cochamanidis.
La terminal aérea está cerrada desde el 21 de mayo. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desautorizó los vuelos de avionetas y aviones por el peligro que existe, pues hay construcciones a 20 metros en ambos lados de la pista de aterrizaje.
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