A los tres días de la posesión de Arturo Murillo como Ministro de Gobierno, se puso en marcha el plan de compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2.3 millones de dólares, a través de una empresa intermediaria estadounidense.
Jeanine Añez asumió la Presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019 y al día siguiente posesionó a su gabinete ministerial, que tenía a Murillo como Ministro de Gobierno.
“Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel y vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, fueron algunas de las frases emitidas por Murillo tras ser posesionado.
Según publicación de Brújula Digital, después de un año y seis meses, la situación de Murillo cambió no sólo porque dejó de ser ministro y se vio obligado a salir del país, a raíz del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino porque una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) descubrió que la compra de gases lacrimógenos que se hizo en su gestión tuvo un sobreprecio de 2,3 millones de dólares y que fue utilizado para el pago de sobornos desde y en Estados Unidos, donde se hizo el lavado del dinero.
Por ese motivo, el exministro está aprehendido en Miami, a la espera de su audiencia cautelar fijada para el 7 de junio.
Los involucrados en este caso, fueron identificados como Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que entonces era jefe de gabinete de Murillo, y Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL, la intermediaria que iba a comprar los gases lacrimógenos a la brasileña Cóndor, para luego revenderlas al Estado Boliviano.
Según el relato de la investigador, el 16 de noviembre de 2019, Méndez, utilizando la dirección de correo electrónico rodrigo@[XX].com, envió un correo electrónico a Bryan Samuel Berkman en bryanberkman@[XX].com (la «Cuenta de correo electrónico personal de Bryan Berkman»), adjuntando una carta del Co-Conspirador 1 dirigida a Bryan Samuel Berkman, en su calidad de representante de la Compañía Intermediaria, solicitando cotizaciones de gases lacrimógenos y otros materiales de equipo no letales.
Ese mismo día, Berkman envió un mensaje de texto de WhatsApp a Méndez, en la que solicita una carta del Gobierno Boliviano en la que señale que un competidor de la empresa intermediaria estaba prohibida de vender gases lacrimógenos, con lo que se favorecería a Bravo Tactical Solutions LCL.
El investigador, que tuvo acceso a mensajes de correo electrónico y WhatsApp, entre otras evidencias para la investigación.
Asimismo, señaló que en el mensaje Berkman dijo a Méndez:
“Tío, este tipo (Competidor) le está diciendo a la gente (de la Compañía Brasil) que todavía tiene una entrada con el gobierno para poder vender los gases. El único medio de garantizar el apoyo a (Compañía de Brasil) solicita que se envíe una carta a (Competidor) en la que se indique que ha sido prohibida y que me enviarán una copia para que pueda confirmarla con (Compañía de Brasil)”.
De esa manera se empieza a direccionar la compra de gases lacrimógenos a través de Bravo Tactical Solutions LCL, la misma que se concreta con la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia el 19 de diciembre de 2019.
Según el contrato que señala el investigador, se debía “suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales a cambio por aproximadamente 5.649.137 dólares (el «Contrato de gas lacrimógeno»).
Bryan Samuel Berkman firmó el contrato de gas lacrimógeno en nombre de la empresa intermediaria.
Una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía de Brasil para aproximadamente 3.357.735 dólares, lo que dejó a la Empresa Intermediaria aproximadamente 2.291.402 dólares”.
Tras la firma de ese contrato, entre enero y el 17 de marzo de 2020, se tropezó con el problema de la transferencia del dinero correspondiente al pago desde el Banco Central de Bolivia (BCB) a una cuenta de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL. Una transacción inicial fue rechazada por un banco estadounidense que observó irregularidades en esta transferencia.
Entre marzo y abril se dieron una serie de transferencias por el pago de sobornos, por casi 1,2 millones de dólares, los mismos que fueron detallados por el investigador del caso.
“Desde al menos Marzo de 2020 hasta Abril del 2020 o alrededor de esa fecha, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Linchtenfeld y otros coordinaron el pago de un soborno de 582.000 dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal en Bolivia. El soborno de 582,000 dólares se originó a partir de los mismos fondos que la Compañía Intermediaria había recibido en la cuenta 0506 en el U.S. Bank 2 del Ministerio de Defensa de Bolivia bajo el Contrato por el Gas Lacrimógeno”, explicó el investigador.
En este caso, Luis Berkman es el padre de Sergio Berkman y Philip Linchtenfeld un intermediario de nacionalidad argentina.
Dentro el proceso por este hecho, Sergio y Luis Berkman se beneficiaron con libertad condicional, luego de pagar una fianza superior a los 700.000 dólares, para enfrentar el juicio en libertad.
Mientras tanto, Méndez y Linchtenfeld tienen detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró el 31 de mayo que gran parte de los sobornos aún están en territorio boliviano y que ésta fue invertida en proyectos inmobiliarios en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Indicó que los procesos legales que se siguen en el país están encaminados a rescatar ese dinero y devolverlo al Estado.
Este miércoles, en la Fiscalía Departamental de La Paz se informó que ya se envió la solicitud de extradición de Murillo al juez que atiende el caso, para que éste haga la solicitud respectiva a la Cancillería.
Además, el fiscal Sergio Bustillos dijo que se elabora un cronograma de declaraciones de parte de todo el gabinete ministerial que tuvo Añez y que aprobó los tres decretos supremos que, presuntamente, fueron aprobados para ejecutar la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, reportó Brújula Digital.
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