En proyectos inmobiliarios se utilizó el dinero del sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos, caso de corrupción que involucra al exministro de Gobierno, Arturo Murillo y otras exautoridades subalternas que son investigadas por el Ministerio Público. La información fue revelada este lunes por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
La autoridad presentó la investigación realizada en Estados Unidos y los datos de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), respecto al movimiento del dinero generado por el presunto sobreprecio y pago de sobornos por la adquisición de los gases lacrimógenos.
“Gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó, y así también estamos manifestando que gran parte de estos recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Doral”, indicó Del Castillo en contacto con la red Erbol.
La autoridad detalló que la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, la cual se adjudicó la venta de los gases lacrimógenos, realizó tres transferencias que suman 920 mil dólares a “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria “El Doral” del departamento de Cochabamba.
Del Castillo dijo que se embargó el dinero proveniente de esta operación, de acuerdo a los datos que presentó. También indicó que la UIF dispuso la retención de 647.304 dólares de la inmobiliaria.
PRESUNTOS SOBORNOS
El titular de la cartera de Gobierno señaló que son cuatro hechos de presunto soborno en este caso, que involucra a Murillo.
Presuntamente, el primero fue al exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, por 582 mil dólares, de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld y según Del Castillo, parte de este dinero fue para Arturo Murillo.
El segundo supuesto soborno es el referido a las inmobiliarias, caso que continúan en investigación.
El tercer caso se refiere al depósito bancario por 20 mil dólares, según la investigación realizada en Estado Unidos, ese monto fue para el familiar de un alto funcionario del Ministerio de Defensa, pero el Gobierno boliviano sostiene que es el exministro Fernando López.
El cuarto soborno, supuestamente fue para Murillo, quien recibió dos transferencias bancarias de parte de Bravo Tactical Solutions por 179 mil dólares y en enero de este año, Philip Lichtenfeld le depositó de 30 mil dólares, según datos que proporcionó Del Castillo.
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