Fueron 19 alertas migratorias que la Policía Boliviana emitió este viernes en el caso de la compra irregular de los gases lacrimógenos que se investiga en el país, para dar con los responsables. A la fecha están aprehendidas tres personas por legitimación de ganancias ilícitas, todos relacionados a este hecho.
El comandante General de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, explicó que se emitieron las alertas ya que varios de los involucrados, en el caso que se investiga, escaparon del país.
“Son varias alertas migratorias que se han emitido producto del análisis que establece quiénes hubieran participado, hay muchas personas que antes de la apertura del proceso ya habían salido del país”, indicó la autoridad policial, según reporte de radio Compañera en publicación de la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Aguilera explicó que hubo problemas para la aprehensión de personas vinculadas a los mencionados casos, debido a una supuesta retardación de procedimientos por los ministerios de Defensa y de Gobierno durante la gestión 2020.
Argumentó que su institución tomó como referente los informes elaborados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), estableciendo que las operaciones irregulares que se hicieron en el gobierno de Jeanine Añez, fueron materializadas por la institución del orden.
INVESTIGADOS Y APREHENDIDOS
El jueves 27 de mayo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Douglas Uzquiano informó que son 19 las personas investigadas por las irregularidades en la adquisición de los gases lacrimógenos. No reveló los nombres, para no entorpecer las pesquisas.
Asimismo, hay cuatro involucrados en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, de los cuales tres están aprehendidos: El excuñado del exministro Arturo Murillo, Daniel Leonardo Aliss y dos capitanes de la Policía, Daniel Bellot e Ívar Víctor Gómez.
El miércoles 26 de mayo se conoció de la aprehensión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. La exautoridad también está involucrada en el caso de la compra de los gases lacrimógenos, como principal sospechoso.
El caso de irregularidades en la adquisición de las armas no letales, se efectuó con la empresa Bravo Tactital Solutions LLC por 5.6 millones de dólares, de los cuales 3.3 millones fueron entregados a la empresa Cóndor y el restante supuestamente repartido entre el exministro Arturo Murillo; el ex jefe de Gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez y al garante de la empresa Bravos, Philip Lichtenfeld, entre otros implicados.
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