Una comisión de fiscales de Oruro y Sucre, inició una investigación por un presunto delito de prevaricato en contra de los tres magistrados y miembros del Tribunal de Sentencia Nº 2 de la ciudad de Oruro, aparentemente por una errónea aplicación de la ley.
OPERATIVO
El viernes, a las 15:00 horas, se concretó el operativo coordinado entre la División Anticorrupción y el DACI, ambas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la comisión de fiscales a la cabeza de Zulmer Villegas y Mario Mamani, además de Alexander Casanova y Lionel León Castillo, los cuatro de Oruro, se sumaron dos fiscales de Sucre, que al momento no se detallaron sus nombres.
El operativo se desarrolló en dependencias del Tribunal de Sentencia Nº 2, ubicado en la Ayacucho entre La Plata y Presidente Montes. Ahí la comisión de fiscales junto con efectivos policiales, realizaron algunos actuados y habrían secuestrado algunos elementos indiciarios que ayuden con la investigación.
Posteriormente, cerca de las 16:00 horas, los uniformados del “verde olivo”, escoltaron a José L.R.L. Nataly P.F.A. y Roger G.M., todos ellos miembros del Tribunal anteriormente señalado, hacia oficinas de la Fiscalía Anticorrupción para que la comisión de fiscales, proceda con la declaración informativa de los imputados que duró hasta ayer por la noche.
Los tres jueces fueron imputados por el presunto delito de prevaricato, serán remitidos ante un Juez de Instrucción en lo Penal, que llevará adelante la audiencia de medidas cautelares y se defina su situación procesal. Dicha audiencia, se instalaría entre el transcurso de las siguientes horas
DETALLES
El viernes a través de un boletín de prensa emitido en la página de la Fiscalía General del Estado, el fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó que se investiga un presunto hecho de prevaricato, en un caso de sustancias controladas en el que presuntamente existe una errónea aplicación de la ley.
“Una vez que se conoció el hecho, como fiscal departamental, remití los antecedentes del caso, a la unidad de análisis para proceder a la apertura del proceso, haciendo conocer también a la Fiscalía General, quienes a través de la dirección de Sustancias Controladas y la dirección de Anticorrupción enviaron una comisión para hacer seguimiento al caso aperturado”, señaló Álvarez.
Según los antecedentes, el 6 de abril de 2017, se reportó un operativo en la ciudad de Oruro, en el que se secuestró más de 730 kilos de marihuana que estaban siendo trasladados en un minibús; se imputó a tres sospechosos, dos varones y una mujer.
Es así que los miembros del Tribunal de Sentencia Nº 2, en juicio oral condenan únicamente a la mujer, ya que los dos sujetos varones se dieron a la fuga. La pena impuesta fue de cinco años de reclusión, por el delito de tráfico de sustancias controladas en grado de complicidad, aplicando el Código Penal y no así, la ley 1008 por tratarse de un delito vinculado al narcotráfico en volúmenes mayores.
Posteriormente, el 1 de abril de 2021, el mismo Tribunal emitió sentencia condenatoria de diez años de cárcel contra otro de los sujetos que participó en el ilícito en calidad de autor del delito de transporte de sustancias controladas, aplicando nuevamente el Código Penal y no la ley 1008.
Asimismo, se evidenció una contradicción en la emisión de sentencias del Tribunal, ya que en el primer juicio se sentenció por el delito de tráfico y en segundo por transporte de sustancias controladas, siendo que ambos corresponden a un mismo hecho.
El presente caso dio inició cuando los fiscales de materia de la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas de Oruro, hacen conocer al fiscal departamental ciertas irregularidades que se habría suscitado en un juicio oral por el delito de sustancias controladas.
