Dieron detención preventiva de seis meses en el Penal de San Pedro al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, tras una audiencia de medidas cautelares realizada este viernes, presidida por la jueza Melina Lima.
El Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción determinó que existen “suficientes indicios y elementos para establecer la probabilidad de participación del exfuncionario”, considerando que se lo vincula con presuntamente firmar autorizaciones de desembolso para el pago por un servicio que no se realizó.
Tras la determinación judicial, el abogado de la defensa, Marcelo Zurita dijo que se presentó una apelación, indicando que la resolución en su criterio es “forzada”.
“He interpuesto el recurso de apelación correspondiente que franquea la ley, evidentemente consideramos que la resolución tiene errores de derecho”, explicó Zurita al diario Página 7.
Asimismo, reiteró que su cliente demostró su disponibilidad de colaborar en las investigaciones desde el momento en que se abrió el caso.
En la audiencia Zurita indicó que existe una contradicción en la denuncia y la hipótesis de la Fiscalía, ya que se habla de una empresa “fantasma”, pero en la misma audiencia se mencionó que la empresa “si existe, solo que el contrato es irregular”.
“Estas son contradicciones que vamos a establecer y que se diluciden dentro de la etapa de la investigación, porque o es fantasma o ha habido el contrato; o es irregular o es ilícito, no puede ser todo en uno”, expresó el jurista en contacto con el diario Opinión.
En tanto, dijo que expondrá los descargos de su defendido, para demostrar la “inexistencia” de responsabilidad penal en el caso que se investiga.
“Vamos a hacer valer todos sus argumentos una vez estudiada y viendo los fundamentos también que cuando nos notifiquen con la resolución escrita en establecer los fundamentos que vamos a esgrimir en apelación”, subrayó Zurita.
El exgerente de Entel es acusado de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, conducta antieconómica y legitimación de ganancias ilícitas, por el supuesto pago de 390 mil dólares a una empresa “fantasma» de Perú. La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Servicios.
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