Los jueces enfrentados al Gobierno de El Salvador y el Fiscal General fueron destituidos por el nuevo Congreso de ese país, “compuesto” por los aliados del Presidente Nayib Bukele.
El nuevo Congreso tomó posesión el sábado 1 de abril. En el acto se decidió la destitución de las autoridades judiciales y fue considerada por la comunidad internacional como un intento de “concentrar el poder”.
Cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y suplentes fueron los afectados y posterior al dictamen se nombraron a sus reemplazos, quienes llegaron al Palacio de Justicia, escoltados por la Policía, para asumir funciones.
Sin embargo, los miembros de esta Sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon «la inconstitucionalidad del decreto de destitución» y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.
BUKELE Y LOS DESTITUIDOS
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado de El Salvador.
Bukele “batalló” contra la Sala de lo Constitucional, ya que le bloquearon aproximadamente 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. “El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía”.
En ese entonces, el Presidente de ese país aseguró que la Sala le impidió “cuidar de la vida de sus compatriotas”.
La Constitución también permite al Parlamento destituirlos «por causas específicas, previamente establecidas por la ley».
Bukele reiteró que está dispuesto a continuar con su trabajo con la comunidad internacional, pero insistió mantenerse al “margen”.
«Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia», aseguró.
La legisladora, Suecy Callejas manifestó que los miembros sustituidos no están “a la altura” de las necesidades de ese país.
“El país necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales», añadió Callejas.
RESPECTO A LA DESTITUCIÓN DEL FISCAL GENERAL
El presidente del Congreso, Ernesto Castro propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara, ya que de acuerdo con el diputado Numan Salgado, quien sustentó el pedido, «quedó en entredicho su independencia e imparcialidad “para continuar ejerciendo el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido Arena (la derecha).
«Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional», consideró la diputada Dina Argueta, de la bancada izquierdista Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La madrugada de este domingo en su reemplazo, fue elegido el abogado Rodolfo Delgado.
Tras la destitución de magistrados, la subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung subrayó que depende del gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas para la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador.
LA OPOSICIÓN
Los parlamentarios de la oposición, cuestionaron todos los procedimientos del nuevo Congreso.
«Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa, con una mayoría que el pueblo se las dio a través del voto, es un golpe de Estado», dijo el diputado René Portillo, del partido derechista ARENA.
NUEVO CONGRESO
En el nuevo Congreso unicameral, partido formado por Bukele, Nuevas Ideas (NI), tiene 56 diputados y sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuentan con cinco, sumando 61 escaños de un total de 84.
Completan el Parlamento los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con 14 escaños; la izquierdista FMLN, con cuatro; el Partido de Concertación Nacional (PCN derecha), con dos y con un parlamentario la Democracia Cristiana, Nuestro Tiempo y Vamos.
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