Después de una audiencia de apelación de sentencia, efectuada el sábado 24 de abril y que se extendió hasta la noche, la jueza de Quillacollo, Salomé Guzmán Terán, determinó detención domiciliaria para el abogado Jhasmani Torrico, que fue sentenciado por secuestro y lesiones al mecánico Juan Antonio Cuéllar.
El 25 de febrero, el Tribunal de Sentencia número dos de Quillacollo sentenció a seis años y seis meses a Torrico, quien fue hallado culpable por los delitos insinuados.
El coordinador departamental del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Vladimir Pérez, dijo que quedó sorprendido al enterarse que se realizaría una audiencia virtual para resolver una acción de libertad interpuesta por Torrico.
“Hubo solamente dos jueces de tres y con la disidencia de uno dieron lugar a la cesación de la detención preventiva de Jhasmani Torrico”, indicó Pérez.
Pérez señaló que se revoca la detención preventiva del abogado Jhasmani Torrico y se le impone medidas cautelares, sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, el arraigo y los 80.000 bolivianos de fianza, resolución que ha sido apelada.
Torrico tiene una sentencia que debe cumplir en el penal de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba, desde donde se conectó a la audiencia virtual el sábado.
Asimismo, Pérez indicó que se esperaba que las apelaciones puedan ser atendidas antes de que Torrico cumpla con las medidas sustitutivas establecidas por la jueza Guzmán y salga de la cárcel considerando que «es considerado como un riesgo no solo para la víctima, sino para la sociedad en su conjunto».
Este escenario se da después de días que Torrico solicitó a un juez de turno que ordene a 13 medios de comunicación nacionales entregar ejemplares originales y videos de las notas referidas a sus casos.
Torrico pidió como abogado que con ese material se inicie una investigación en contra de periodistas y medios de comunicación.
La Defensoría del Pueblo se manifestó al respecto el jueves de esta semana que termina y consideró que ningún Tribunal o juez puede aceptar el pedido porque los medios se encuentran amparados por la Ley de Imprenta y debe ser esa instancia la autorizada de atender cualquier reclamo de una persona particular.
El Ministerio de Justicia manifestó que los tribunales ordinarios no tienen jurisdicción cuando se trata de casos de periodistas.
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