El proyecto presentado ante el Legislativo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer que el plan se enfoca en la prevención del consumo de drogas y la reducción concertada de cultivos excedentarios de coca.
“Necesitamos que se cree el Consejo de Política Integral (CPI), para abordar la estrategia 2021-2025, básicamente con cinco componentes, cuatro principales y uno transversal”, declaró Del Castillo el jueves 21 de diciembre,ante los Diputados, miembros de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas.
El CPI es estratégico en el proyecto y será parte del Ministerio de Educación, para tener mayor incidencia en la prevención del consumo, algo que el Gobierno considera prioritario a futuro.
Componentes de la nueva estrategia
Para el componente uno, de Control del tráfico ilícito de sustancias controladas, se prevé un presupuesto de 232 millones de dólares, se prevé retomar el pago a informantes e interceptar llamadas, medidas que ya están previstas en los capítulos II y IV de la Ley Nº 913, de 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.
Asimismo, se creará en Beni un centro de entrenamiento de las fuerzas antidroga, similar al Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor”, ubicado en Chimoré, con el objetivo que la presencia de efectivos antidroga es parte de la creciente labor del narcotráfico en esa zona del país. Dicho centro se intalará en Santa Ana del Yacuma, Bellavista o San Joaquín, poblaciones de Beni donde, según el Gobierno, existe evidencia de una mayor presencia del narcotráfico.
Mientras que para el segundo componente, referido a la reducción de cultivos excedentarios de coca y control social, se han proyectado 116 millones de dólares, el plan se focaliza en la reducción de las plantaciones excedentarias por medio de la concertación y “el control social”, para disminuir la intervención de las fuerzas militares y de la Policía. Sin embargo, Del Castillo no aclaró cuáles serían los lineamientos para sancionar el encubrimiento del cultivo ilegal en las poblaciones.
En tanto que el componente tres, de abordaje integral de consumo de drogas en el ámbito de salud, educación, familia y comunitario, necesita 220 millones de dólares.
Del Castillo señaló que el abordaje para la prevención del consumo de drogas está a cargo de los ministerios de Educación y Salud. “Creemos que la represión no es suficiente y no es lo adecuado para luchar contra estos males”, declaró.
Por último, el componente cuatro que proyecta implementar una red de cooperación internacional compartida, necesitará un presupuesto de 12 millones, el plan tiene que ver con el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), para el cruce de información entre las fuerzas policiales de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, con el fin de identificar a los denominados “peces gordos” del narcotráfico.
Del Castillo afirmó que el componente transversal es el cuidado al medioambiente, de género y derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Magaly Gómez, explicó que el nuevo CPI estará conformado por siete carteras de Estado: Presidencia, Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores, Desarrollo Rural, Saud, además de Educación. Una base previa a la ejecución del plan es la fusión del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), debido a que existe duplicidad de funciones, baja ejecución presupuestaria y necesidad de ahorro.
En su lugar se creará la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon).
La nueva dirección prevé disminuir de 160 a 88 los funcionarios en planillas para ahorrar tres millones de dólares por gestión.
El proyecto de ley fue aprobado el 23 de diciembre por el pleno de la Asamblea Legislativa y sólo se espera su promulgación. A partir de su implementación y reglamentación, Diprevcon realizará la labor de manejo de la cooperación antidroga, como lo hacían Conaltid y Uelicn.
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