Desde el 2013, año que fue promulgada la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 787 mujeres han sido víctimas de feminicidio.
La norma aprobada en el gobierno de Evo Morales, tenía como objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres en el país, en su mayoría agredidas por sus concubinos o esposos, pero la situación fue diferente.
El Observatorio de Justicia de la Fundación “Voces Libres” convocó a las autoridades y a las instituciones de la sociedad a realizar las modificaciones necesarias a la norma, y fiscalizar el cumplimiento para evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas.
De acuerdo a los registros oficiales, en el 2013 hubo 26 feminicidios calificados como tales; en el 2014 hubo 71; en el 2015 se registraron 110; en el 2016 hubo 111; en el 2017 se registraron 109; en el 2018 hubieron 130; en el 2019 se reportaron 117 casos y en 2020, año en que se vivió en medio de cuarentenas y restricciones debido a la pandemia a causa del Covid-19, hubieron 113 casos.
La Ley 348, garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, norma aprobada el 9 de marzo de 2013 y entró en vigencia un mes después.
Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2020, se registraron 787 feminicidios. Cifra inexacta debido a que durante el 2013 y 2014, los operadores de justicia aún no calificaban la muerte violenta de una mujer como feminicidio y procesaron decenas de casos con otros tipos penales.
La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo que la Ley 348 ayudó a visibilizar el flagelo de la violencia machista en estos años, sin embargo “son 787 mujeres las que han perdido la vida de las maneras más crueles y en manos de quienes decían amarlas”.
Consideró que estas cifras pueden parecer frías, pero significan que al menos 800 hogares quedaron destruidos, que al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos y que, aunque no se puede medir, se ha generado mucho dolor en las familias de las víctimas, pero también en las de los feminicidas, quienes van a la cárcel, se dan a la fuga o se quitan la vida.
Dado el caso de feminicidio, las familias de las víctimas comienzan un peregrinaje en busca de justicia que puede durar más de seis o siete años, precisamente porque la aplicación de la Ley 348, que en teoría debería priorizar estos casos en el sistema judicial, los procesos se han vuelto burocráticos, desgastantes y más dolorosos.
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