El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, presentado por la Defensoría del Pueblo, concluye que el Gobierno de Jeanine Añez cometió delitos de lesa humanidad durante los conflictos poselectorales de 2019, al incurrir en “asesinatos de forma sistemática”, acciones de las que resultaron 37 muertes, de las cuales 27 ocurrieron durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Según el informe presentado este jueves, a casi diez meses después de los conflictos, no existe ni existió, un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos; y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078; la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz manifestó en conferencia de prensa que en el informe se concluye que en el caso de las 27 muertes de Sacaba y Senkata y los barrios de la zona Sur de La Paz, hechos en los que participó la Policía y las Fuerzas Armadas, hubo participación de particulares con el consentimiento de la institución del «verde olivo». El informe señala que hubo 37 fallecimientos sucedidos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.
Según los hallazgos defensoriales los otros siete fallecimientos, dos en el norte integrado de Santa Cruz, uno en el municipio de Betanzos, tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la aquiescencia de la institución del orden y otro en Sacaba el 11 de noviembre que también están considerados como delitos de lesa humanidad.
Respecto a los otras diez muertes ocurridas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas, de dos efectivos policiales, un trabajador de la prensa y que se constituyen hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por parte de la Policía Boliviana.
De acuerdo a los hallazgos de la Defensoría, si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía, se cuestiona haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre en la zona Sur de La Paz y de El Alto, en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en la sede de Gobierno.
“Hechos en los cuales se evidencia la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, señala el informe defensorial.
Asimismo, indica que a la fecha no se garantizó el acceso a la justicia de las víctimas sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto.
El informe concluye sobre lo expuesto que se evidenció “la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, sucedidas en los conflictos poselectorales.
Por otro lado, el informe observa que las declaraciones públicas de altas autoridades gubernamentales sobre las investigaciones de estos hechos criminales, representan un grave riesgo a la independencia de los operadores de justicia, pues se busca eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos.
El informe defensorial muestra el incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad establecidos en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, durante las intervenciones de la Policía que además fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación de prevención y socorro en los casos de vejaciones, actos humillantes, discriminatorios y agresiones físicas, incluso de carácter sexual, ocurridos en Vila Vila y las agresiones a familiares de ex autoridades legislativas.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones de la Defesoría del Pueblo, donde demanda “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”.
Además, recomienda investigar las vulneraciones de derechos en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 de noviembre, en las Masacres de Sacaba y Senkata.
También pide investigar los hechos de las intervenciones de la Policía y de particulares con la aquiescencia de la institución del orden en las zonas paceñas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa el 11 de noviembre, la realizada en Sacaba en la misma fecha, y en las operaciones conjuntas en el Norte integrado cruceño el 12 y 13 de noviembre y en Betanzos el 12 del mismo mes.
Según la Defensoría, este informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
