La Misión Internacional de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe de 443 páginas, en la que concluyó que en Venezuela se cometieron una serie de delitos de lesa humanidad. El “dardo” apunta a Nicolás Maduro, así como varias instituciones bajo su mandato que realizaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, entre otras.
La investigación se inició en el 2014 y tras el resultado, la ONU pidió al Gobierno venezolano a rendir cuentas de los hechos descubiertos contra los habitantes de su propio país.
La misión investigó a fondo 223 casos y examinó otros 2.891, con los que corroboró patrones de violaciones a los DD.HH. y distintos crímenes, que para la ONU equivalen a «crímenes de lesa humanidad», según reflejó en su portal France24.
Asimismo, la ONU encontró pruebas suficientes para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planificaron y ejecutaron dichos crímenes desde el 2014.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”, señaló la presidenta de la Misión Internacional de la ONU, Marta Valiñas.
La Misión vinculó a Maduro y a dos de sus ministros con crímenes cometidos por fuerzas de seguridad.
El informe concluye además que los ministros de Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, Vladimir Padrino López, están involucrados en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
«La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente (Maduro) como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe», reza en el texto publicado por France24.
Las entidades involucradas en la violación de los derechos humanos, están: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
En el informe también se relaciona con los delitos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas de policía a nivel estatal y municipal.
La Comisión manifestó que las autoridades políticas, militares y policiales, además de conocer los crímenes, secundaron los hechos.
«Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes», se indica en el documento.
