El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que la polémica compra irregular de los 170 respiradores españoles marca “Respira”, «aún no se ha cerrado» e informó que el Estado boliviano, pidió la resolución del contrato con la empresa GPA Innova y la intermediaria IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, además de la devolución de 2.2 millones de dólares del pago que se hizo por anticipado.
En mayo de este año, el Gobierno Nacional, adquirió 500 respiradores por un valor de 4,7 millones de dólares, para la atención de pacientes con Covid-19, de los cuales 170 llegaron al país y de inmediato fueron distribuidos en diferentes departamentos.
Sin embargo, tras la polémica por un presunto sobreprecio de los respiradores, el Gobierno determinó paralizar el proceso de adquisición e iniciar un proceso legal en contra de los posibles responsables; en medio del entuerto legal, también se hizo conocer al Estado que la proveedora no podrá cumplir con la entrega de accesorios adicionales para los equipos.
Debido a la polémica del “caso respiradores”, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, junto a el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y del denominado «testigo clave», Fernando Humérez, además de otras personas involucradas en el caso, fueron enviadas al penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva.
En ese marco, el ministro Coímbra afirmó que el proceso judicial continúa y que incluso se amplió la denuncia en contra de los representantes legales de la empresa española, es decir, los intermediarios.
«Entendemos que en las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones, en contra de todas las personas que han sido denunciadas», afirmó la autoridad.
