La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la “negligencia e indolencia” con toda la población por parte de la Presidenta del Estado Jeanine Áñez, por no promulgar hasta el momento, el Proyecto de Ley 864 que de manera extraordinaria obliga a las clínicas, hospitales y establecimientos de salud privados de todo el país, atender a las personas infectadas con Covid-19.
“Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria Jeanine Áñez respecto a la omisión en la promulgación de la referida Ley; denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado, pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población”, manifestó Cruz.
La defensora señaló que desde el 8 de julio, no se realizó la promulgación de la norma, elaborada por en coordinación con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados y de Senadores, que pretende garantizar la atención gratuita de pacientes con Covid-19 por parte del Subsistema Privado de Salud que integra el Sistema Nacional de Salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado.
Según denunció Cruz, la institución defensorial evidenció que el Subsistema Público de Salud se encuentra colapsado y las clínicas privadas piden como garantía montos entre los 20 mil y los 30 mil dólares, previo a la internación del paciente aquejado por Covid-19.
“Con este tipo de medidas arbitrarias, lo único que se ha generado es exclusión de los más pobres, de los que tienen menos posibilidades a un derecho human universal como es la salud”, sostuvo.
Finalmente, Cruz pidió que se incorpore el Subsistema de Salud Privado al Subsistema de Salud Público y de Seguridad Social, para prevenir y atender el Covid-19, para aquellos que en este momento requieren servicios de salud.
