Tras su visita a Bolivia durante los días 22 y 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó diversas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social y política suscitada en Bolivia tras las elecciones generales del 20 de octubre y la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma.
La visita se realizó a través de una invitación del Estado, con la finalidad de recoger información respecto a la situación de los derechos humanos en el contexto de la crisis que estaba viviendo el país en ese momento, el informe preliminar de la CIDH manifiesta que es necesario realizar una investigación internacional, según informó el portal Oxigeno.
“La Comisión observa con extrema preocupación que, en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país”, señaló la CIDH como parte de las conclusiones previas del reporte publicado.
En el informe preliminar se puede observar 16 recomendaciones que la CIDH realiza a Bolivia, solicitando un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que el informe preliminar de la CIDH favorece al narcoterrorismo, ya que no refiere la realidad de lo que realmente se vivió en el país tras las elecciones generales del 20 de octubre y lo calificó como “sesgado”, según publicó El Día.
A su vez, criticó que en el informe no exista una mención a la versión de los ciudadanos que tuvieron que armarse barricadas para proteger sus casas ante los actos vandálicos que se vivieron en el país durante la segundan semana de noviembre, y cuestionó que la CIDH no haya averiguado las verdaderas motivaciones de las movilizaciones protagonizadas por los cocaleros y los campesinos de otras zonas del país, dando a entender que éstas fueron pagadas.
“No es un buen trabajo y lo vamos a revertir. Vamos a mostrar las pruebas de lo que ha pasado en el país”, aseveró Murillo.
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