El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, respondió por medio de un comunicado, a las aseveraciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional en rechazo al Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad a las Fuerzas Armadas cuando intervengan conflictos enmarcadas en las leyes y la Constitución Política del Estado.
“(El decreto) desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos”, señaló el CIDH mediante su cuenta oficial de Twitter.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, explicó que este decreto exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en los operativos para contribuir a la pacificación del país.
En dicho comunicado señala que el gobierno de transición tiene como principal labor de realizar elecciones generales libres y transparentes en el menor tiempo posible.
Asimismo, señala que este gobierno no olvida las obligaciones internacionales de la protección de los Derechos Humanos y reafirma el respeto de los mismos.
Asimismo la Cancillería recordó que la propia ley del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Código Penal, establece la exención de responsabilidades penales cuando la acción es en legítima defensa.
De la misma forma el gobierno de transición mencionó que el principal objetivo del decreto supremo es preservar la integridad de todos los bolivianos y bolivianas para evitar actos de vandalismo, que ya se efectuaron en algunos domicilios privados y establecimientos comerciales.
Además, recordaron a la CIDH que las Fuerzas Armadas de Bolivia salieron a las calles luego de que la Policía Nacional solicitara su participación al ser rebasada por los disturbios que terminaron con el saqueo y la quema de reparticiones estatales.
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